El fiscal Diego López Ávila confirmó que, por el motín de reclusos de la ex Brigada de Investigaciones, además de investigar a los reclusos que provocaron la rebelión, también tratará de establecer si los policías pedían sobornos para que los detenidos pudieran contar con algunos beneficios, tal como denunciaron ante la Justicia.

El lunes a la madrugada, 33 reclusos -ayer se confirmó que fueron 10 más de lo que se había informado inicialmente- realizaron un motín en la Alcaldía del edificio que está ubicado en Junín al 800. Tomaron como rehenes y golpearon a dos carceleros hasta que se presentaron el fiscal y los comisarios Dante Bustamante y Mario Rojas, jefe y subjefe de Policía, respectivamente. Luego de más de tres horas de negociaciones, todo volvió a la calma.

Sin embargo, ayer comenzaron a desfilar por tribunales los presos que participaron del motín. Según confiaron fuentes judiciales, todos los que declararon hasta ahora realizaron denuncias en contra de los policías que debían cuidarlos.

Las mismas fuentes indicaron que los procesados, en sus declaraciones, denunciaron que los carceleros les habrían pedido sobornos a cambio de recibir la comida que le enviaban sus allegados. Otros indicaron que, supuestamente, debían pagar para que sus familiares los visiten y que las mujeres que iban a verlos habrían sido molestadas por el personal policial.

Por último, varios detenidos denunciaron que fueron víctimas de apremios ilegales durante el tiempo que permanecieron encerrados allí. Al mismo tiempo, identificaron a uno de los carceleros que mantuvieron cautivos como uno de los que más los “verdugueaba”.

“Se investigará todo. Tendremos que analizar caso por caso para ver si es cierto lo que dijeron”, destacó el fiscal en una charla con LA GACETA.

“Siempre hubo denuncias por este tipo de cosas. Pero el camino que eligieron estas personas los llevó a estar imputadas por otros delitos”, aseguró López Ávila.

Si bien es cierto que aún no se confirmó, varios de los reclusos que estuvieron en la revuelta podrían ser imputados por coacción, amenazas, extorsión y privación ilegítima de la libertad. “Ellos tenían alternativas de plantear las cosas de otras formas, no de manera violenta. En la provincia los juzgados de Instrucción trabajan las 24 horas recibiendo este tipo de denuncias”, señaló.

Los casos

Por tercera vez en menos de un mes, el personal que tiene a su cargo el cuidado de los presos que están alojados allí quedó en en el centro de la escena. El martes 6, Miguel Alanis, condenado por abuso, se escapó de ese lugar, a pesar de que las autoridades habían ordenado su traslado al penal de Villa Urquiza. Varios de los reclusos que participaron en el motín le informaron al fiscal que el detenido habría pagado para -por ejemplo- no estar encerrado en un calabozo.

Personal de la ex Brigada de Investigaciones también está siendo investigado por la fuga de José Antonio “Pico” Peralta de la comisaría de Delfín Gallo. Efectivos de la sección Delitos contra la Propiedad trasladaron hasta esa dependencia policial, donde finalmente se terminó fugando. El juez federal Fernando Poviña aseguró que nunca se ordenó que el detenido, acusado de comercialización de drogas, fuera llevado a ese lugar.